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3.- Institucionalidad débil, sin finalidad clara, ineficiente en la gestión de información relevante a su gestión y constantemente amenazada por los cambios de gobierno
El hecho de no con contar el organismo nacional de juventud con una personería jurídica, autonomía administrativa y un presupuesto propio; amenaza su gestión al ser reducida su capacidad de respuesta frente a las demandas constantemente cambiantes de la juventud y lentos sus trámites administrativos.
La naturaleza flexible del vínculo laboral de los funcionarios de juventud tanto en el nivel nacional como en el territorial y la no exigencia de formación específica en el tema; se constituyen en riesgos para la continuidad en los programas de juventud, por el cambio de gobierno y la pérdida de la memoria histórica de los procesos. Esto podría mitigarse si, dada la imposibilidad del gobierno central de ampliar el número de funcionarios del organismo nacional de juventud para atender las necesidades de asistencia técnica de todo el país; los funcionarios encargados del tema en las regiones, se acogieran al régimen de carrera administrativa siendo sus sueldos sufragados por sus respectivas administraciones. en un mes.
4.- Participación figurada, sin capacidad de incidencia real
La precaria apropiación de la ley de juventud, la existencia limitada de políticas públicas de juventud en el nivel territorial y la escasa inclusión de acciones que tengan como beneficiarios a la población juvenil, más allá de población vulnerable; obedece a un desconocimiento del joven como sujeto social diferenciado y con potencialidades que pueden ser puestas al servicio del progreso de la sociedad.
La juventud es el sujeto social que tiene más posibilidades de promover cambios en la sociedad; por su constante tensión con los valores tradicionales de esta. Por ello debe darse cumplimiento a los mandatos legales de fomentar la participación y la autoformación entre pares, progresiva, humanista, integral y permanente.
La falta de acompañamiento y estimulación por parte de las administraciones es una dificultad determinante del éxito o fracaso de la participación juvenil. Además la efectividad de la participación se reduce de manera determinante, si los jóvenes no son formados para ejercerla de manera informada con potencialidad real de incidir.
Los Consejos de juventud más que ser asesores, se instituyen en autoridades políticas, pues la ley 375 garantiza el máximo nivel de participación, al permitirles concertar las políticas públicas a través de los planes de desarrollo juvenil, los cuales por obligación deben ser incluidos en los planes de desarrollo territoriales. Por ello, el estado debe poner en marcha estrategias pertinentes para estimular la participación desde estos espacios.
En lo que le resta a este año, estamos dando pasos firmes en la ruta que nos llevará a ejercer control social a las administraciones departamentales en las Cumbres de Gobernadores, a conformar el Consejo Nacional de Juventud de Colombia y a pensar en los términos en que debería reformarse la ley 375 de 1997 para dar más garantías de efectividad de derechos a los jóvenes de nuestros país.
Anhelamos poder unir esfuerzos con todos los jóvenes del país sin importar su credo, raza o ideología política para obtener del Estado Colombiano, medidas reales de inclusión de la población juvenil en las dinámicas del país.
Y por último, esperamos que las instituciones de las tres ramas del poder público en Colombia, estén dispuestas a escucharnos y a acceder a nuestras peticiones, de manera que podamos comenzar a recuperar esa confianza en lo público, sobre la base del cumplimiento de las normas y el respeto de la dignidad de los demás.
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Rosa Montero
Abogada, Consejera Distrital de Juventudes de Cartagena de Indias, Subsecretaria Nacional Universitaria del Partido Liberal Colombiano.
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