by Rosa Isabel Montero Torres
Published on: Apr 16, 2009
Topic:
Type: Opinions

Los cambios en la estructura poblacional que a los países industrializados tomaron más de dos siglos, se están consumando en América Latina en unas pocas décadas, según el CELADE. Desde 1965, Colombia se encuentra en la segunda fase de lo que los demógrafos llaman “transición demográfica”. En esta, dadas las tasas moderadas de natalidad y mortalidad, aumenta considerablemente la relación de personas económicamente activas respecto de las inactivas, que dependen del Estado o de sus familias para subsistir.

Durante este periodo, se abre una “ventana de oportunidad demográfica” que representa una coyuntura única de invertir en programas que aumenten los niveles de bienestar de la población y de ahorrar para poder sortear los costos que generará el envejecimiento del gran número de personas que ahora son jóvenes en capacidad de producir. (CEPAL, 2008).

El reto para los gobiernos es grande: deben crearse puestos de trabajo formal y bien remunerado, estimularse el ahorro, definirse políticas coherentes de financiación del déficit pensional e implementarse estrategias para integrar socialmente a la generación actual de jóvenes.

En pocas palabras, de no adelantarse estas acciones, perderemos la oportunidad de aprovechar el importante incremento de la población apta para trabajar, como factor de desarrollo. El envejecimiento acelerado de la población pasará su cuenta de cobro, produciendo el colapso de un sistema de seguridad social que no podrá garantizar el pago de sus pensiones y en pocos años nos convertiremos en una sociedad de viejos y pobres.

Muy a pesar de la inminencia de esta situación, en el país, los recursos destinados desde el nivel central para financiar programas oficiales de juventud durante el período 1991 -2001 ascendieron a $41.177.345.117 pesos, sólo 33% sobre el total de programas oficiales (Puentes, 2004).

Desde 1991, los gobiernos nacionales no han definido planes estratégicos que permitan aprovechar la oportunidad demográfica y el modelo hegemónico no permite el fortalecimiento de los espacios para que los jóvenes participen en la definición de políticas de cara a esta realidad.

En Cartagena, el panorama es preocupante. Los cuadernos de “Coyuntura Social” reportan que para el año 2000, 37 de cada 100 jóvenes entre 12 y 17 años y 36 entre 18 y 24 años estaban desempleados y en 2003 la tasa de subempleo juvenil aumentó 2.3 puntos porcentuales respecto del año anterior.

Lo aquí señalado, es un argumento más para que la sociedad cartagenera entienda la importancia de reconocer al joven como un sujeto y lo visibilice. Es indispensable que el gobierno distrital adopte una política en materia de juventud de continuidad a largo plazo; sostenible con el apoyo de todos los actores de la sociedad y en especial de las diferentes administraciones. Que cuente con indicadores y herramientas de seguimiento y evaluación permanentes, para garantizar que su ejecución se ajuste a lo previsto y que sus impactos y sus efectos correspondan a los que se han propuesto. Y sobre todo, que no sea de imposición burocrática, sino concertada con los jóvenes, que en el presente puedan participar en la construcción de su futuro.

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