Es que las personas con discapacidad no tienen esa “visibilidad” que tienen las protestas que exigen equidad – como Moquegua y la distribución del canon -, o las de las poblaciones amazónicas– en defensa del territorio por ejemplo – que obtuvieron resonancia en las comunidades nativas y campesinas de todo el Perú. O la presión que pueden ejercer los médicos – considerando que el servicio que prestan desde el Estado es básico.
Retomo el asunto del discurso presidencial 2008 - no porque me guste el “floro”, sinó porque creo que allí se trasluce la voluntad política del gobierno - . Revisándolo, no encontré mención alguna a las personas con discapacidad. Tampoco en el discurso presidencial del 2006. En el del 2007 únicamente se menciona un par de contenidos de la norma – Ley 27050 – y lo de la declaración del “Decenio de las personas con discapacidad” lamentablemente no pasa de ser nominal.
Más que buenas intenciones, esperamos acciones concretas. Por poner un ejemplo: por qué no convertir en Ley el Proyecto que el Presidente de la República dijo entregar al Congreso el año 2006, a fin de suprimir las prefecturas y subprefecturas, y ahorrar 32 millones y destinarlos a CONADIS o a programas de desarrollo de las PCD?. Estoy segura de que eso generaría más equidad.
La equidad se construye desde el ámbito familiar – donde en muchos casos las PCD son estigmatizadas por primera vez -, desde la escuela– a la que muchas PCD no acceden porque el Estado no muestra voluntad de hacer cumplir el derecho a una educación inclusiva y de calidad – y ahora tenemos encima el recorte del presupuesto público desde el MEF - . Se construye también desde la inversión prioritaria de los gobiernos locales en las madres gestantes y atención de la infancia para la prevención de la discapacidad, con la adecuación urbanística, con la implementación de las Oficinas Municipales de Atención a las Personas con Discapacidad; desde los gobiernos regionales que por mandato legal deben implementar las Oficinas Regionales de atención a las PCD.
No basta reservar un 5% para la admisión a las universidades públicas y privadas –cuando el primer día de clases el estudiante PCD, se encuentra frente a una gradería que salvar antes de ingresar al local universitario y a las aulas. No basta, cuando la desesperanza en la búsqueda de trabajo es alentada por el propio Estado – nacional y gobiernos intermedios - que no cumple en contratar a las PCD en un escaso 3% del total de sus trabajadores o incumple el abono del 15% del puntaje total en concursos públicos. No basta cuando el Reglamento de Infracciones a la Ley 27050, es una declaración más.
La independencia y la autonomía que les puede conferir el desarrollo de sus habilidades es la única vía para lograr que las PCD sean reconocidas como un actor dialógico en el desarrollo del país. Es un desafío para el Estado, pero también lo es para el sector privado y la sociedad civil.
Todos y todas en potencia somos personas con discapacidad. Nadie está libre de sufrir un accidente, de tránsito, en el trabajo, o en cualquier circunstancia, que nos pueda dejar secuelas. Y de cada uno de nosotros y nosotras depende construir una sociedad solidaria, responsable y justa.
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